La co-creación de políticas públicas con la sociedad civil es posible

Carlos Campos, presidente de Territorios Seguros, una organización ciudadana costarricense, se ha levantado a las 3 de la madrugada para poder viajar desde Alejuela a San José al taller convocado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) para la co-creación de la estrategia de comunicación de la política de Justicia Abierta, apoyada por el programa EUROsociAL de la Unión Europea. Recién operado de una cirugía  su esfuerzo responde al compromiso que mantiene con su país. “La participación ciudadana no es una consulta, es la participación en la toma de decisiones lo cual es nuestro derecho y nuestra obligación”.

Le acompañan sus compañeras Damarys Vigot y Claudia Flores, mujeres  que lideran en sus comunidades procesos de empoderamiento ciudadano mediante una metodología con la que han logrado generar 450 territorios seguros en 24 cantones del país.

Juntos, con otras organizaciones del país, integran la Mesa de Trabajo de Justicia Abierta, uno de los espacios de participación que ha propiciado la política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica. Se trata de una política pionera a nivel internacional y se enmarca en el programa de Estado Abierto de Costa Rica.

 

EUROsociAL, el programa de la Comisión Europea, está acompañando al Poder Judicial de Costa Rica y a la CONAMAJ en el proceso de implementación progresiva de la Política de Justicia Abierta con el fin de se pueda ofrecer una gestión y unos servicios judiciales basados en los principios de transparencia, participación y colaboración. A este fin se han llevado a cabo varias actividades durante el año 2018 Y 2019, entre ellas el diseño del Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta elaborado por la experta internacional Sandra Elena, responsable del Programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia de Argentina.

En el último semestre de 2019 me incorporé al proyecto apoyando la co-creación de la estrategia de comunicación de Justicia Abierta. En estos meses las organizaciones de la sociedad civil que integran la Mesa de Justicia Abierta, organizaciones juveniles y todas las instituciones que conforman el Poder Judicial de Costa Rica y que incluyen a la Corte Plena, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, entre otras,  han participado en la elaboración del diagnóstico, de la estrategia y de su sistema de monitoreo y evaluación.

La Justicia Abierta comporta un cambio de paradigma de la gestión pública y requiere de estrategias de comunicación innovadoras. La falta de comprensión sobre qué es Política de Justicia Abierta puede socavar los esfuerzos y compromisos incluidos en el Plan de creado por el Poder Judicial. Por ello es necesario que los actores de las instituciones judiciales, en particular jueces y juezas, magistrados y magistradas, fiscales, defensores y personal funcionarial de todas estas instituciones, así como miembros de organizaciones de sociedad civil, academia y periodistas sean objeto de diferentes acciones de comunicación, sensibilización, capacitación y abogacía.

Me siento especialmente orgullosa de este proceso porque más de 80 personas, de 17 instancias del Poder Judicial y de 19 organizaciones sociales, incluidos jóvenes, han participado en este enriquecedor proceso

Así lo resumió muy acertadamente una participante perteneciente la sociedad civil:

“Desde la ciudadanía, hemos venido comprendiendo que la fortaleza institucional debe ser construida de la mano de la ciudadanía y los servidores públicos, que hasta ahora habían tenido la dificultad de vencer el miedo que nos separaba. Ese miedo que no nos permitía desarrollar los puentes de diálogo y entendimiento, empieza a superarse con este esfuerzo que hoy culminamos”

 

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